17 sep, 2014

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Martes 23 de febrero de 2010 22:04

Corredor Ecológico del Noreste: una franja llena de conflictos

Por  Diálogo Digital
La periodista Dalila Rodríguez Saavedra nos explica la ola de conflictos políticos y ambientales que han surgido en el País, luego de que el actual mandatario Luis Fortuño, junto a varios funcionarios de Gobierno, anunciara una orden ejecutiva que clasifica los terrenos del Corredor Ecológico del Noreste como “Área de Planificación Especial", y permite la ubicación de proyectos de carácter urbano.
Si examinamos la tendencia para cada uno de los sectores costeros de nuestro país, observamos que la zona nordeste es la que presenta el incremento mayor en la urbanización de todo el territorio insular. Durante un periodo de 22 años, de 1977 a 1999, el área de suelo urbano se duplicó (de 9 a 19%.) La tasa de cambio para este periodo fue de 99 por ciento. De permanecer esta razón de crecimiento promedio anual (3%), se espera que casi la totalidad de dicho sector (93%) se haya urbanizado para el año 2050. Este análisis fue hecho en el 2008 por el Programa de Manejo de la Zona Costanera del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA). El dato se nos presenta como desalentador porque muchos de los atributos naturales específicos y únicos –tanto en flora como en fauna– de Puerto Rico y el Caribe se encuentran, precisamente, en la franja costera de Luquillo y Fajardo, mejor conocida como el Corredor Ecológico del Noreste (CEN). El CEN, con aproximadamente 3 mil cuerdas de extensión, es un área de extraordinario valor natural y paisajístico, según han proclamado el Gobierno de los Estados Unidos y diversas organizaciones internacionales. Entre los atributos de este pasillo ecológico se encuentra la presencia de más de 50 especies de flora y fauna que se consideran raras, endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. Este agradable lugar se distingue por contener la mayoría de los tipos de humedales costeros catalogados en nuestro país, como manglares, ciénagas, charcas, pantanos y una laguna bioluminiscente, además de conglomerados de flora típica del paisaje costero precolombino. Y en otras áreas, playas arenosas y playas rocosas, praderas de yerbas marinas y arrecifes de coral. Reconociendo la importancia natural del Corredor, en el año 2008 la Junta de Planificación adoptó la Resolución PU-02-2008-24(23) mediante la cual designó el área como Reserva Natural. Los ecosistemas que alberga el Corredor son muy especiales; de hecho rara vez son encontrados en otras partes del mundo. Para tener una idea clara: todos los tipos de humedales costeros identificados en la Isla –comunidades de coral, manglares, ciénagas, así como bosques costeros precolombinos y hasta una laguna bioluminiscente– se hallan aquí. De hecho, las playas del Corredor se encuentran entre las tres más importantes para el anidaje del Tinglar, especie de tortuga marina en peligro de extinción en cualquier lugar de la jurisdicción de los Estados Unidos. Más de 1,500 cuerdas del Corredor son terrenos públicos administrados por la Compañía de Fomento Industrial, la Compañía de Parques Nacionales y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. A lo largo de tres décadas, el Gobierno isleño ha reconocido el valor excepcional del CEN en numerosas ocasiones, siendo la primera en 1977 como parte del Programa de Manejo de la Zona Costanera de PR y la última, en 2007, como Reserva Natural por medio de la Orden Ejecutiva 2007-37 firmada por el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá. La OE 2007-37, que fue adoptada por la pasada Administración como política pública del ELA, concedía al DRNA un plazo de ocho meses para elaborar el Plan Integral de Uso, Conservación y Manejo de Terrenos. No obstante, en octubre del año pasado, el actual mandatario Luis Fortuño, junto al secretario del Departamento de Recursos Naturales, Héctor Morales y Daniel Galán, presidente de la Junta de Planificación (JP), anunciaron la Orden Ejecutiva 2009-042, que derogó la 2007-37 y clasifica los terrenos del Corredor Ecológico del Noreste como “Área de Planificación Especial (APEs)”, en sustitución de la anterior designación de Reserva Natural. A diferencia de las reservas naturales, las APEs pueden permitir la ubicación de proyectos de carácter urbano (residenciales, comerciales, industriales, viales, etc.). "Las APEs no proveen ninguna garantía que logre la protección y conservación de un área de gran importancia natural como el Corredor”, anotó el planificador y científico ambiental Luis Jorge Rivera. Para Rivera, uno de los líderes de la Coalición Pro CEN, este cambio es un hecho sin precedentes en la historia de Puerto Rico. Indicó, además, que la Orden Ejecutiva firmada por Fortuño está plagada de múltiples controversias puesto que “Ninguna Orden Ejecutiva puede ir por encima de la política pública establecida por diversas leyes, que cuentan no sólo con el aval del Gobernador sino con la Legislatura al momento de aprobar las mismas”. De acuerdo con las mismas agencias de gobierno que hace más de dos años aprobaron la zona como Reserva Natural, la resolución no fue precedida por un análisis que avalara dicha clasificación. Señalaron además que no se celebraron vistas públicas, ni se realizaron estudios analíticos antes de delimitar el área, que no se le notificó a los propietarios de terrenos, que había discrepancia en números de catastros y que no se consideró la Zona de Interés Turístico de Río Grande-Luquillo-Fajardo. Por tanto, alegan, no se llevó a cabo el debido proceso ley. Entonces, la pregunta obligada es ¿cómo los organismos oficiales encargados de tal designación no hicieron su trabajo correcta y oportunamente? “Ese detalle es importante porque la presente administración está haciendo una serie de alegatos que van contrarias a sus propios actos, particularmente la JP y DRNA. Dicen que el proceso que se llevó a cabo estaba deficiente o ilegal, pero eso lo hicieron ellos mismos. Y la Junta de Calidad Ambiental lo certificó como correcto, en términos de su cumplimiento con la Ley de Política Pública Ambiental”, argumentó el científico. En vista de ello, la Coalición Pro CEN radicó a principios de febrero del corriente una Solicitud de Sentencia Declaratoria ante el Tribunal de Primera Instancia para que se declare como nula la OE que deroga la integridad natural de la preciada zona, o bien que se restituya. A la demanda, la sustenta un extenso documento procesal con trasfondo fáctico y pormenorizado sobre el CEN, en el cual se fundamentan y explican los errores de la resolución OE-2009-042. Los científicos, ambientalistas y ciudadanos que firman la solicitud dilucidan, entre copiosos puntos, que “las alegaciones son caprichosas, erróneas y no sustentadas por hechos que se constatan fácilmente”. Entidades medioambientales, entre ellas Sierra Club, La Federación Nacional de Vida Silvestre y la Fundación Surfrider iniciaron una campaña a través del Internet, solicitando al Gobernador de Puerto Rico su intervención a favor de la aprobación del Plan Integral generado por la OE que designó la zona como Reserva Natural. Más de 17,500 personas enviaron correos electrónicos a Fortuño. Además de las 3,000 peticiones que fueron entregadas a la mano en la Mansión Ejecutiva. Al día de hoy no se ha obtenido respuesta alguna de parte de las autoridades gubernamentales. Controversia La propuesta latente de varios proyectos residenciales-turísticos no ecológicos en los predios rústicos del CEN, avalados por el Gobierno, mantiene en ascuas a los defensores del Corredor desde 1998. En particular, la construcción del San Miguel Four Seasons Resort, con 1,025 residencias de lujo, 250 habitaciones de hotel, 175 unidades de condohotel y “timeshare” y dos campos de golf de 18 hoyos y 9 hoyos respectivamente, así como del Dos Mares-Marriott Resort, con 250 residencias, 350 habitaciones de hotel, y un campo de golf de 18 hoyos. Los detractores de los proyectos aducen que destruirían la integridad natural del CEN ya que resultarían en su deforestación, movimiento de terrenos, fragmentación de bosques, impermeabilización del suelo, cambios en los patrones naturales de escorrentía, canalización de ríos y otras corrientes de agua, y contaminación química, esto último por el uso de plaguicidas y yerbicidas para el mantenimiento de los campos de golf propuestos. Otro aspecto que interfiere con la aceptación ciudadana de ambos proyectos es que los recursos naturales públicos y patrimoniales estarían en beneficio exclusivo de intereses privados particulares, ya que el San Miguel Resort solicitó a la JP que se le exima de proveer acceso público a las playas a través de la entrada principal propuesta para el proyecto. Es decir, que deseaban que se cambiara la zonificación para que ésta se adaptara a los proyectos, y no a la inversa. “Es necesario destacar que el proyectista del San Miguel Resort ha otorgado fondos a quien es hoy el gobernador”, dijo Rivera. Para ver la edición impresa de Diálogo de febrero haga clic aquí.

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